En concreto, Trillo ha pedido al Gobierno que le “releve” del puesto que ha ocupado desde 2012. Su salida de la sede diplomática llega después de que el Consejo de Estado culpara al ministerio que dirigía en 2003 durante el segundo Gobierno de José María Aznar del accidente aéreo en el que murieron 62 militares españoles que regresaban de Afganistán.

El máximo órgano consultivo del Gobierno señaló en un informe que “hay, anteriores a la fecha del siniestro, hechos que habrían permitido a la Administración ponderar el especial riesgo concurrente en el transporte de tropas en que se produjo el accidente. Dicho con otras palabras pudieron ser advertidas circunstancias que habrían llamado a la adopción por los órganos competentes de medidas que pudieran haber despejado el riesgo que se corría”.

El dictamen es el primer reconocimiento en 13 años de la responsabilidad patrimonial del Estado en la mayor catástrofe de la historia moderna del Ejército español en tiempos de paz. Asimismo, supone un severo varapalo para los responsables del Ministerio de Defensa de la época, al determinar que el accidente pudo haberse evitado si éstos, dirigidos por Trillo, hubieran cumplido con su deber de velar por las condiciones en que viajaban los soldados.

El Consejo de Estado subrayó la importancia del informe secreto del Centro de Inteligencia y Seguridad del Ejército (CISET) que un mes antes del accidente, advertía de que se corrían “altos riesgos al transportar personal en aviones de carga fletados en países de la antigua URSS, su mantenimiento es como mínimo muy dudoso”. Sólo hubo tres responsables condenados en los tres procesos judiciales abiertos por el siniestro: tres mandos militares, responsables de la deficiente identificación de los cadáveres de los fallecidos. Fueron condenados por la Audiencia Nacional, pero Mariano Rajoy los indultó al poco de llegar a la presidencia del Gobierno.