dom. Abr 21st, 2019

C.C considera una “tomadura de pelo para los ciudadanos de La Gomera” la situación del “audillon”

El Consejero Manuel Herrera considera un fraude para la ciudadanía la situación del Audillón y el mal uso del Centro de Visitantes

Para el Consejero, la situación actual del proyecto u obra denominada “Audillón” es una verdadera tomadura de pelo para los ciudadanos de la isla de La Gomera. Ha preguntado por la situación administrativa en que se encuentra dicho proyecto en referencia a la ejecución; por la fecha para la terminación o finalización de dicho proyecto; si es el Cabildo la institución que en el futuro va a gestionar dicha instalación, o si se delegará o no con ficha financiera; también, dada la tardanza injustificada, preguntó si se han realizado inspecciones, por parte de las Administraciones Públicas, que han aportado subvenciones para la ejecución del proyecto, y si existen escritos de inspecciones realizadas que se encuentren en posesión del Cabildo.

Con tales preguntas, afirma Manuel Herrera, se pone en duda la buena gestión del grupo de gobierno ante una obra que lleva años ejecutándose y que todavía, de forma incomprensible, no se encuentra abierta al público. Para el nacionalista, tan fraude es el incumplimiento de los procedimientos administrativos y económicos, como la tardanza injustificada de una obra financiada con fondos públicos para uso y disfrute de todos.

En el mismo sentido, afirma la situación vergonzosa del Centro de Visitantes; edificio de singulares características, del que no se saben sus funciones iniciales, al ser creado y supuestamente recibido por el Cabildo. Lo que sí destaca Herrera son las funciones que desempeña actualmente, y lo califica como “patio trasero del Cabildo”. Es importante también saber respecto al edificio, el dinero gastado en mantenimiento y personal dedicado al mismo, y muchas preguntas más que el grupo de gobierno tendrá que aclarar públicamente en el Pleno.

Concluye Manuel Herrera, indicando que es el Presidente del Cabildo quien tiene que demostrar que no existe fraude sobre la situación de ambos inmuebles conocidos por todos los ciudadanos, y considerarse, a su vez, responsable del abandono y dejadez de los mismos.

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