lun. Mar 25th, 2019

El juez decreta el embargo de todos los bienes del constructor de origen gomero Antonio Plasencia

El empresario se niega a aportar los 66 millones de fianza por el juicio por la extracción de áridos y no responde a las peticiones del Juzgado / Fiscalía pide 25 años de cárcel para los acusados

El Juzgado de Instrucción Número 2 de Güímar ha decretado el embargo de los bienes del empresario Antonio Plasencia, expresidente de la patronal tinerfeña de la construcción, de cara a la celebración del juicio por la extracción ilegal de áridos en los barrancos del municipio tinerfeño, cuya primera sesión está fijada para el 15 de enero de 2016.

El decreto del juez Alberto Torres Ferrer, al que ha tenido acceso mirametv.com, responde a la negativa de Antonio Plasencia a presentar la fianza de 66,4 millones de euros que le fue solicitada en diciembre de 2014 para responder ante la posible responsabilidad civil que le piden tanto la Fiscalía como la acusación popular. El empresario, junto con otros cuatro areneros, está acusado de delitos contra el medioambiente por extraer áridos de forma ilegal durante casi dos décadas en Güímar. Además de a una solicitud de cinco años de cárcel, el dueño de Promotora Puntalarga se enfrenta al pago del coste de la rehabilitación de los barrancos afectados, además de a una indemnización de 209 millones que para todos los procesados reclama el Ayuntamiento tinerfeño.

Antonio Plasencia, además de no presentar la fianza de 66 millones, tampoco aportó información sobre sus bienes personales de cara al posible embargo, lo que obligó al Juzgado a abrir una investigación patrimonial. Las averiguaciones practicadas revelaron que el empresario tiene a su nombre seis vehículos y once propiedades inmobiliarias, de las que posee el 100% de cuatro y el 50% de las otras siete.

El decreto del juez supone el embargo preventivo de todas las propiedades que figuran a nombre de Antonio Plasencia, además de las retribuciones que percibe de Promotora Puntalarga SA y las posibles devoluciones que le correspondan por parte de la Agencia Tributaria.

Para la acusación popular, que representa el abogado Carlos Álvarez, la decisión del Juzgado de Instrucción Número 2 de Güímar es “insuficiente”, por lo que en los próximos días, según confirmó el letrado en declaraciones a este portal de noticias, pedirá la ampliación del embargo “a las cuentas de todas sus sociedades”.

Antonio Plasencia también está acusado por un presunto delito de marlversación de caudales públicos en el Caso Las Teresitas, por el que el Ministerio Público le solicita, al igual que a su socio Ignacio González, cuatro años de cárcel y posibles responsabilidades patrimoniales generadas por la operación de compraventa de las once parcelas del frente de la principal playa de Santa Cruz de Tenerife.

Juicio

Antes del juicio del Caso Las Teresitas, el próximo 15 de enero comenzará la vista oral por la extracción ilegal de áridos en los barrancos de Güímar durante casi veinte años, por la que se sentarán en el banquillo de los acusados los empresarios Antonio Plasencia, José Enrique Morales, Pedro Sicilia, Francisco Javier del Rosario y Fulgencio Díaz. Para todos ellos, la Fiscalía solicita un total de 25 años de cárcel por delitos contra el medioambiente e indemnizaciones millonarias. La fianza fijada para los cinco procesados asciende a 279 millones. El juicio se prolongará durante más de cuatro meses, ya que la sesión de conclusiones está fijada el 29 de abril.

Ninguna de las empresas que llevaron a cabo la extracción de áridos en los barrancos de Güímar desde la década de los 90 hasta 2007 (Áridos del Sur SA, Hermanos Morales Martín SL, Áridos Atlántico SL, Áridos Puertito de Güímar SL y Extracción de Áridos Canarios SA) obtuvo permiso de la Dirección General de Urbanismo, calificación territorial, calificación de la actividad o para las actuaciones en dominio público hidráulico. Tampoco contaban con licencia municipal, salvo en el caso de la entidad de José Enrique Morales, que la tenía por silencio positivo pero que, según la Fiscalía, cometió “importantes excesos fuera del área autorizada”.

La fiscal que llevó la instrucción, Inmaculada Violán, considera probado que las actuaciones que se realizaron en el Valle de Güímar “han conducido a un grave y progresivo deterioro ambiental, que se hace especialmente notable en la pérdida de suelos, impacto sobre el paisaje, perjuicio para la biodiversidad y alteraciones con incidencia en la población que vive en el entorno“. Entre los efectos más significativos, la fiscal destaca que, por culpa de una actuación “caótica y desmedida”, está afectado el funcionamiento natural del sistema hidráulico y de drenaje de los barrancos.

http://www.mirametv.com

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