lun. Mar 18th, 2019

El Gobierno garantiza a los municipios de menos de 20.000 habitantes que mantendrán sus competencias en servicios sociales

En este paquete de municipios están todos los de la isla de La Gomera

La vicepresidenta del Gobierno de Canarias y consejera de Empleo, Políticas Sociales y Vivienda, Patricia Hernández, aseguró que el Gobierno de Canarias garantiza a los municipios de menos de 20.000 habitantes que mantendrán sus competencias en materia de servicios sociales, a pesar de que la Ley de Racionalización y Sostenibilidad de la Administración Local prevé que éstas pasen a las comunidades autónomas a partir del 1 de enero de 2016. Hernández explicó que la Ley de Municipios de Canarias prevé una solución jurídica para las competencias locales en materia de servicios sociales.

“En virtud de esta Ley canaria la Consejería de Presidencia, Justicia e Igualdad, con la que hemos trabajado de manera coordinada, elevará informe jurídico a la Federación Canaria de Municipios (FECAM), tal y como se acordó en la reunión mantenida entre el consejero y la directiva de la FECAM, para que los ayuntamientos puedan seguir manteniendo sus competencias sin problemas, a partir del 31 de diciembre de 2015”.

Así lo afirmó la vicepresidenta ante el Pleno del Parlamento, donde advirtió que “la Ley de Racionalización y Sostenibilidad de la Administración Local, que modifica la Ley de Bases de Régimen Local, supone un duro ataque a los ciudadanos que peor lo están pasando, pues serían ellos los realmente perjudicados si los ayuntamientos se viesen obligados a dejar de prestar los servicios que hoy garantizan una rápida y eficaz atención a vecinos y vecinas en situación de vulnerabilidad”.

Además, Patricia Hernández recordó que su departamento ya propuso al Gobierno de España, en el último Consejo Territorial de Servicios Sociales, la creación de una comisión interministerial para modificar el articulado de la Ley de Racionalización y Sostenibilidad de la Administración Local que afecta a las competencias de los servicios sociales para dar así una mayor garantía jurídica a los ayuntamientos. Según señaló, “esta propuesta fue apoyada por la mayor parte de las Comunidades Autónomas y el ministro se comprometió a llevarla a cabo”.

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