mié. Mar 20th, 2019

La UPCC pide responsabilidades políticas por el ‘caso Willy’

El sindicato opina que los 61 trabajadores despedidos en 2012 por recortes presupuestarios mientras García firmaba contratos millonarios merecen una disculpa pública

La Unión de Profesionales de la Comunicación de Canarias (UPCC) exige responsabilidades políticas a los partidos con representación parlamentaria en la anterior legislatura por haber permitido que el ex director general de Radiotelevisión Canaria (RTVC), Guillermo García, manejara el ente público sin control alguno, a pesar de las constantes quejas por su nefasta gestión durante ocho años.

El sindicato respeta la presunción de inocencia de García y del resto de personas imputadas por presunta malversación de caudales públicos, tráfico de influencias y prevaricación. Más allá de estos presuntos delitos, por los que han prestado declaración esta semana en los tribunales, UPCC opina que el Gobierno regional y los tres partidos que han permitido que García estuviera en el cargo ocho años deben asumir sus responsabilidades políticas.

El sindicato cree que miembros de CC, PSC y PP y del Ejecutivo canario han hecho una clara dejación de sus funciones de control y, aunque algunos diputados sí lo hicieron, sus respectivos grupos o partidos no tomaron las medidas necesarias ante unos hechos de tal gravedad.

UPCC confía en que la justicia determine hasta dónde llegan las responsabilidades penales, pero opina que estos representantes públicos son responsables desde el punto de vista político por haber permitido que García, de forma habitual, realizara los contratos con ese método irregular; es decir, que manejara el ente RTVC sin control alguno, independientemente de que finalmente sea o no declarado culpable de esos delitos que se le imputan. Para el sindicato, el primer responsable es el expresidente canario, Paulino Rivero.

El sindicato opina que una simple labor de hemeroteca permite preguntarse cómo es posible que no se tomaran las medidas oportunas cuando un ente público como RTVC no enseñaba las cuentas al Parlamento. Y a pesar de su negativa, García estuvo ocho años en el cargo, con el apoyo de Rivero y de los consejeros responsables de Coalición Canaria y de sus socios, primero del PP y luego del PSOE. Lo que por ahora es sólo una clara dejación de funciones, ha causado un daño irreparable a los trabajadores del ente y a los ciudadanos.

Despedidos

Mientras esto sucedía dentro y fuera de la Cámara y el dinero se gastaba sin aparente control, 41 empleados de Videoreport Canarias, la empresa encargada de los servicios informativos, sufragada con dinero público, fueron despedidos en 2012. El motivo argumentado fue que la TV Canaria no tenía dinero, por lo que había que recortar la asignación a Videoreport. Similar situación fue la de los 20 trabajadores del ente público despedidos ese mismo año. Han pasado años y aún no se ha escuchado una disculpa pública.

La denuncia que realiza ahora UPCC no es nueva; ya se ha pedido la dimisión de García en reiteradas ocasiones, la última en noviembre de 2014. En ninguna de ellas por estar imputado, pero sí por sus irregularidades y, especialmente, por el desprecio a los trabajadores.

Igualmente, no es creíble que desde el Parlamento de Canarias no se tomaran medidas contundentes ante la actitud de García, que faltó al respeto a los representantes de la ciudadanía y, lo que es más grave, ocultó sistemáticamente información de los contratos firmados y de los sueldos suyo y de los miembros del Consejo de Administración.

UPCC recuerda que varios diputados denunciaron que no se entregaban las cuentas, especialmente cuando se debatió el aumento en 3,5 millones de euros en el presupuesto del ente autonómico, como sucedió en la Comisión de Control de RTVC del 20 de diciembre de 2010. Ya en informaciones publicadas en septiembre de 2008, el PSC denunció que García se burlaba del Parlamento por no entregar los contratos de la productora Mckenzie Muzic. Es inadmisible que sabiendo estas irregularidades, ninguno de los tres grupos parlamentarios involucrados tomara medidas para apartar a García de su cargo.

UPCC expresa su deseo de que el ‘caso Willy’ no se dilate en el tiempo y que las investigaciones permitan ir más allá de las irregularidades detectadas por la Audiencia de Cuentas. Además, el sindicato felicita a la persona que denunció de forma anónima estas irregularidades y al Grupo de Delitos Económicos de la Brigada Provincial de la Policía Judicial de Santa Cruz de Tenerife por haber desarrollado esta investigación tan intensa en solo unos meses.

 

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