jue. Feb 21st, 2019

El Alcalde de Vallehermoso, Jaime Noda Morales, figuraba como apoderado de una sociedad mercantil

Esto al menos es lo que parece en el Boletín Oficial del Registro Mercantil de fecha 30 de abril de 2014 y en el que el Alcalde de Vallehermoso aparece como apoderado de una sociedad mercantil con domicilio social en San Sebastián de La Gomera y que parece dedicarse a la reparación de vehículos a motor.

Hemos de recordar que existen limitaciones a los cargos públicos que desempeñen su cargo en régimen de dedicación exclusiva, como parece ser este el caso.

BORME-A-2014-82-38

El art. 75 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de Bases de Régimen Local -LRBRL-, en su redacción dada por la Ley 27/2013, de 27 de diciembre, de racionalización y sostenibilidad de la Administración Local -LRSAL-, en su apartado 1 señala lo siguiente respecto al régimen de los concejales que ocupen un cargo respecto al cual el Pleno de la Corporación haya previsto un régimen de dedicación exclusiva:

“Los miembros de las Corporaciones locales percibirán retribuciones por el ejercicio de sus cargos cuando los desempeñen con dedicación exclusiva, en cuyo caso serán dados de alta en el Régimen general de la Seguridad Social, asumiendo las Corporaciones el pago de las cuotas empresariales que corresponda, salvo lo dispuesto en el artículo anterior.

En el supuesto de tales retribuciones, su percepción será incompatible con la de otras retribuciones con cargo a los presupuestos de las Administraciones públicas y de los entes, organismos o empresas de ellas dependientes, así como para el desarrollo de otras actividades, todo ello en los términos de la Ley 53/1984, de 26 de diciembre, de Incompatibilidades del Personal al Servicio de las Administraciones Públicas.”

A tal efecto, la Ley 53/1984, de 26 de diciembre, de Incompatibilidades del Personal al servicio de las Administraciones Públicas, regula en sus arts. 11 a 15  el régimen de incompatibilidades para actividades privadas por cuanto no podrá percibir retribuciones bajo el régimen de dedicación exclusiva y, a la vez, como fruto de su trabajo.

Por esa razón, es incompatible el régimen de dedicación exclusiva con la pretensión de ser trabajador autónomo, socio, apoderado etc. en los términos propuestos por aplicación del art. 75.1 LRBRL en relación con el art. 12.2 de la Ley 53/1984.

De la misma forma, a pesar de que queda claro que es incompatible el régimen de dedicación exclusiva con el trabajo, sobre el procedimiento en cuestión, deberá ser el Pleno de la Corporación el que autorice o no la posible compatibilidad, a tenor de lo dispuesto en el art. 14 de la Ley 53/1984, que establece que:

“El ejercicio de actividades profesionales, laborales, mercantiles o industriales fuera de las Administraciones Públicas requerirá el previo reconocimiento de compatibilidad.

La resolución motivada reconociendo la compatibilidad o declarando la incompatibilidad, que se dictará en el plazo de dos meses, corresponde al Ministerio de la Presidencia, a propuesta del Subsecretario del departamento correspondiente; al órgano competente de la Comunidad Autónoma o al pleno de la corporación local, previo informe, en su caso, de los directores de los organismos, entes y empresas públicas.

Los reconocimientos de compatibilidad no podrán modificar la jornada de trabajo y horario del interesado y quedarán automáticamente sin efecto en caso de cambio de puesto en el sector público.

Quienes se hallen autorizados para el desempeño de un segundo puesto o actividad públicos deberán instar el reconocimiento de compatibilidad con ambos.”

Si se apreciara, no obstante, que un miembro de la Corporación local ha incurrido en causa de incompatibilidad, debemos remitirnos al art. 10 del Real Decreto 2568/1986, de 28 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales -ROF-, que establece la obligación de éste, una vez producida una causa de incompatibilidad y declarada la misma por el Pleno corporativo, de optar en el plazo de los diez días siguientes a aquél en que reciba la notificación de su incompatibilidad, entre la renuncia a su condición de miembro de la Corporación local o el abandono de la situación que dé origen a la referida incompatibilidad.

 

 

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