vie. Abr 19th, 2019

Canarias rechaza la FP Básica de Wert y pide su anulación con un recurso ante el Tribunal Supremo

Canarias rechaza de plano el modelo de Formación Profesional Básica diseñado por el Ministerio de José Ignacio Wert, que se pondrá en marcha el próximo curso 2014/2015, por lo que ha optado por exigir su suspensión, mediante la presentación ante el Tribunal Supremo de un recurso contencioso-administrativo contra el Real Decreto que regula esta enseñanza.

Los criterios defendidos por el Ejecutivo autonómico para solicitar la anulación de la norma son, principalmente, de carácter económico, de género, de extralimitación de la ley e infracción del principio de interdicción de la arbitrariedad.

La nulidad solicitada por el Ejecutivo autonómico se basa, entre otros aspectos, en la evidente insuficiencia del informe de impacto económico y presupuestario incluido en la memoria de la norma, ya que no tiene en cuenta todas las repercusiones económicas para el sector público de la disposición al no explicitar su incidencia real sobre el gasto público y omitir su referencia a la afección sobre la economía del país.

El Gobierno canario apunta también en su recurso a la insuficiencia del informe del impacto por razón de género, al que define de carente de contenido frente a la situación de hombres y mujeres, ya que no contiene disposiciones específicas relacionadas con el género y su realidad social.

Además, el Real Decreto incurre en extralimitación de lo dispuesto en la ley que pretende desarrollar, ya que establece la posibilidad de ampliar a tres cursos la duración de los ciclos de FP Básica para el caso de que se realicen a través de programas de FP Dual, como medio para poder alcanzar la totalidad de los resultados que se pretendan. Esta previsión pone de manifiesto, por un lado que la FP Dual ralentiza el proceso de aprendizaje y, por otro, contradice lo dispuesto en el artículo 42.4 de la LOE (en su redacción introducida por la LOMCE).

El recurso solicita la nulidad igualmente por la infracción de la norma del principio de interdicción de la arbitrariedad de los poderes públicos contenida en la Constitución Española.
Esta acción se suma al recurso de inconstitucionalidad presentado a principios de año por el Ejecutivo canario contra la LOMCE y que fue admitido a trámite por el Tribunal Constitucional el pasado mes de abril. Con estas iniciativas el Gobierno de Canarias pretende hacer frente a la política educativa retrógrada que pretende implantar el Ejecutivo de Rajoy.

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