mar. Feb 19th, 2019

EL PP entrega el AVE y AENA a sus amigos del negocio privado

Así de clarito. Sin apenas disimulos. La propia ministra de Fomento, Ana Pastor, lo confirmó públicamente hace pocos días, en un desayuno organizado por un grupo de comunicación cuyo propietario lo es también de la empresa presuntamente adjudicataria del AVE privatizado. Y así lo ha certificado públicamente también el presidente del operador aeroportuario español, José Manuel Vargas, a través de una reciente entrevista concedida al periódico The Wall Street Journal.

Pastor aseguró que “antes de julio” su departamento afrontará “la entrada de operadores privados en la gestión del transporte ferroviario de pasajeros”. Y Vargas dejó claro que “posiblemente este año” se privatizará “el 60% del capital de AENA”. No hay ni un solo argumento relacionado con el interés general y el beneficio público para legitimar estas operaciones. Porque las operaciones son exactamente lo que parecen: la entrega de sectores públicos estratégicos, financiados con los recursos de todos los españoles, para el beneficio exclusivo de unos pocos negociantes del sector privado, afines al partido en el poder.

El conflicto de intereses es más que evidente. Los españoles hemos invertido cerca de 50.000 millones de euros procedentes de nuestros impuestos para construir la primera red europea de alta velocidad ferroviaria. Parece razonable que esta inversión sea rentabilizada por los operadores públicos, al menos hasta su amortización. La Unión Europea solo contempla la liberalización de este mercado a partir de 2019, como muy pronto, y ni franceses ni alemanes, por ejemplo, parecen darse mucha prisa en debilitar a su operador público. Además, no existe margen para mejorar seguridad, precios y calidad en un servicio privatizado. No, hablamos de lo que hablamos: poner a disposición de empresarios privados un negocio de más de 1.000 millones de euros anuales, a partir de una inversión pública extraordinaria.

Los españoles hemos invertido muchos recursos también en la mejora de nuestra red de aeropuertos, conscientes de su importancia estratégica en una economía muy dependiente de la actividad turística. Tenemos posiblemente los mejores aeropuertos de Europa, en capacidad relativa y en tecnología. La gran ventaja competitiva de AENA parte de las sinergias positivas de su funcionamiento en red, pero la Comisión Europea tolera mal los monopolios públicos y sencillamente prohíbe los monopolios privados. Es decir, una AENA privada rompería necesariamente la red de aeropuertos, además de elevar las tasas vigentes, que están por debajo de la media europea por razones de interés general, y se cuestionaría la existencia de muchos aeropuertos que prestan un servicio esencial a la ciudadanía pero que pierden dinero año tras año. No, no hay beneficio público por ningún sitio en la privatización de AENA.

Las operaciones en marcha son muy sencillitas. El PP en el Gobierno de España ya ha decretado la liberalización del mercado ferroviario de pasajeros y está distribuyendo títulos habilitantes para los operadores privados. En breve decretará también un remedo de concurso público, que otorgará la explotación de una, varias o todas las líneas más rentables del AVE, la Madrid-Barcelona, la Madrid-Alicante, la Madrid-Sevilla, de manera global o “por surcos”, según venga mejor al negocio privado. Y el gobierno ya cuenta con un informe del Consejo Consultivo de Privatizaciones para poner en el mercado el 60% del capital de AENA Aeropuertos: un 30% para “grandes socios” y otro 30% para el menudeo en bolsa. Vargas, además, apunta un precio baratito: apenas 10.000 millones por todo el paquete, casi la mitad del precio tasado hace solo tres años. Todo bien diseñado para que los actuales gestores del PP en el operador público puedan quedarse al frente de la empresa tras su privatización, pase lo que pase en las elecciones generales de 2015. No es nuevo: ya lo hicieron con Telefónica, Argentaria y Repsol hace años.

Las consecuencias para el interés de los ciudadanos españoles, que hemos pagado la red de AVE y la red de aeropuertos de AENA, serán muy negativas. Otras experiencias internacionales de privatización en los servicios ferroviarios se han saldado con menos calidad, mayores precios, peor mantenimiento y más accidentes. Y el proceso en marcha para hacer AENA más atractivo al inversor privado ya se ha saldado con subidas generalizadas de tasas, que han hundido los tráficos en Barajas, por ejemplo; con el despido del 20% del personal de la compañía; y con el cuasi cierre operativo de decenas de instalaciones, construidas con mucho esfuerzo para estimular el desarrollo económico, y hoy funcionando con horario restringido para no espantar a los socios capitalistas que Vargas y compañía se afanan por reclutar en todo el mundo.

Todo esto se está haciendo, además, con la mayor de las sordinas. La opacidad del proceso solo es comparable a la magnitud del negocio privado al que dará lugar. El Estado español está a punto de desprenderse de la propiedad y del control de un sector tan estratégico como su red de aeropuertos de interés general, y la ministra del ramo se niega una vez tras otra a comparecer en el Parlamento para explicar qué se trae entre manos. Cualquier viernes de estos, el gobierno anunciará que ha puesto en manos privadas la mayor inversión pública de la historia de España en la alta velocidad ferroviaria, y nadie ofrece un dato o una explicación sobre las razones y las consecuencias que tendrá esta operación “liberalizadora”.

A la par que pretenden privatizar el chollo del AVE y el gran negocio de AENA, nos comunican que quieren nacionalizar las autopistas de peaje quebradas, con rescate de dinero público añadido, desde luego. Privatizar beneficios y socializar pérdidas. Esta es la gran guía ideológica de la derecha neoliberal española, más allá del libre mercado. Porque no es libre mercado apropiarse de las ganancias cuando las cosas van bien, y adjudicar al erario público las pérdidas cuando las cosas van mal. Esto no es libre mercado. Esto tiene otros nombres menos bonitos.

Pero da igual esto. Y da igual que en España vivan más de tres millones de personas en unas islas, para las que el aeropuerto no es una instalación más, como una ferretería que puede tener un dueño u otro, sino la garantía para el ejercicio de su derecho fundamental a la movilidad. Y qué más da si la apropiación descarada de lo que es patrimonio común merece un fuerte reproche moral, cuando más arrecia la desafección ciudadana hacia las instituciones públicas. Importa el poder. Y ellos tienen el poder.

Hasta que los ciudadanos quieran. Y esto puede empezar a cambiar el próximo mes de mayo.

Rafael Simancas | Sistema Digital

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