mar. Mar 19th, 2019

Coalición Canaria en La Gomera solicita al Cabildo que revoque la contratación de personal por no cumplir con las leyes de contratos del sector público

Coalición Canaria en La Gomera, a través de su consejero en el Cabildo de la isla, José Manuel Pérez Maceda, ha presentado una reclamación ante la institución insular en la que pide que se revoque el decreto emitido para contratación de personal para el Plan Insular de Mejora y Acondicionamiento de Infraestructuras por contravenir lo estipulado en las leyes de contratos públicos.

Según explica Pérez Maceda, “de la lectura de las bases de la convocatoria hemos observado que se quiebran los principios que deben regir en toda administración pública conforme a los principios de publicidad, libre concurrencia, objetividad, transparencia e igualdad conforme a la Ley de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común y el Real Decreto por el que se aprueba el texto referido de la Ley de Contratos del Sector Público”.

Pérez Maceda critica que en las bases de la convocatoria, por ejemplo, no se especifiquen las categorías profesionales que se van a seleccionar con el fin de poder ejecutar el Plan de Mejora y Acondicionamiento de Infraestructuras.

También, destaca que en la primera prueba que consta en las bases el aspirante debe correr 1.000 metros en un tiempo de 6 minutos, y si no queda fuera, ya que la misma es eliminatoria. Esta prueba impide el acceso a muchísimas personas, pues un buen peón, o un buen trabajador cualificado no tiene por qué ser un corredor de casi medio fondo.

El Consejero de Coalición Canaria en el Cabildo de La Gomera afirma, además, en su reclamación que al empleo público se accede desde los 16 años y no a los 18 como contempla la convocatoria de la institución insular. “Solo por una causa justificada podrá variarse esta edad”, insiste.

José Manuel Pérez Maceda añade que es absolutamente necesario que se dicte un nuevo decreto que recoja una nueva convocatoria acorde a la normativa vigente y la justificación de urgencia, si la hubiera, atendiendo a los principios de actuación que debe tener toda administración pública.

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