lun. Mar 25th, 2019

Al ritmo de Paulino

Santiago Perez

Las prospecciones petrolíferas en Canarias y el derecho a  la autodeterminación de Cataluña, aparentemente, tienen poco en común. Pero el complicado escenario que vive España los aproxima políticamente hasta entremezclarlos. ¿Sólo políticamente?  Creo que no, por las siguientes razones:

En ambos asuntos  convergen intereses generales de España como país, es verdad que de diferente calado, e intereses muy importantes de Cataluña y de Canarias. Y  por eso  tanto el Estado como las dos Comunidades Autónomas pueden esgrimir un buen abanico de competencias.

Deslindar jurídicamente esos espacios competenciales es tarea muy compleja que no se puede afrontar, como han hecho el  PP en sus dos etapas de gobierno, afirmando la exclusividad competencial del Estado. Ni como ha hecho CC en varios momentos de su sinuosa trayectoria “petrolífera”, negándosela al Estado.

Porque en el principio, en la etapa de connivencias entre Aznar y CC  (eran los tiempos de la apoteosis de JC Mauricio ), lo que hubo fueron complicidades. En realidad Coalición no se oponía a las prospecciones si había contrapartidas. En los cenáculos madrileños  esto era un secreto a voces. El gobierno canario nunca cuestionó políticamente las autorizaciones a Repsol de Aznar, ni planteó conflicto competencial alguno ante el Tribunal Constitucional. Y pudo y debió hacerlo.

Las  impugnaciones las plantearon exclusivamente los socialistas conejeros, desde el partido y desde la presidencia del Cabildo insular.

En el Parlamento de Canarias fuimos los socialistas y algunos parlamentarios conejeros quienes rechazamos las autorizaciones a Repsol y propusimos que, dada la complicación competencial, aunque la última decisión le correspondiera, el Estado no debía actuar al margen del consenso ni dar la espalda a las Instituciones canarias. La solución no debía ser jurídica, sino política. Un acuerdo político, a partir de la lealtad constitucional,  es decir del reconocimiento recíproco  de los  intereses y competencias de ambas partes.

Esto era y sigue siendo así. El agravamiento actual de este diferendo se debe a que el PP vuelve a blandir el centralismo rampante y, ahora, un Paulino acorralado jurídicamente, presidiendo un gobierno desgastado y con problemas serios de liderazgo en CC ha lanzado un órdago a la desesperada del que espera pingües réditos políticos, que en realidad es el motivo fundamental de su estrategia.

Reivindico  porque me parece justo que,  entre las dos etapas de gobiernosPP,   el gobierno de Zapatero mantuvo una posición de respeto a Canarias, como corresponde a un gobernante comprometido con la España de las Autonomías.

Sostengo que dada la confluencia de intereses (y de competencias) generales de España y específicos de Canarias,  una cuestión clave del referéndum es si debe consultarse sólo a los canarios  o la consulta debe ser a todos los españoles. Y esta dimensión es la que emparenta más intensamente  las iniciativas de los gobiernos catalán y canario. Porque analizar el contenido de la pregunta al margen de su contexto político y jurídico tiene poco fundamento y utilidad. Al igual que los intentos de valorar en abstracto si las consultas son buenas o malas, conformes o contrarias a la Constitución y al Estatuto.

Estoy en contra de las prospecciones. Creo firmemente  que no convienen a Canarias, pero comprendo que haya  gente que defienda lo contrario por convicción  o por intereses. Pero una cosa es la posición que uno mantenga y otra es acertar sobre  cuál debe ser el procedimiento para encauzar y resolver este asunto.  Y no es lo mismo haber planteado una consulta hace diez años o en el futuro, que plantearla  cuando el Estado de las Autonomías atraviesa una crisis muy seria. No puedo olvidar que en la historia contemporánea de España  la cuestión territorial y la democracia han estado estrechamente ligadas.

Por eso no entiendo cómo la dirección federal del PSOE, tan atenta a devastar cualquier tipo de disidencia en asuntos internos –esos sí–  de la política canaria,  está como ausente ante una toma de posición de sus representantes en el Archipiélago cuya trascendencia en el aquí y ahora de la política española no le pasa inadvertido ni a un párvulo.

Una última cuestión. No quiero olvidar que el mayor ataque al patrimonio natural de esta tierra lo llevó a cabo el propio Paulino Rivero cuando aprobó el Catálogo de Especies abusando del procedimiento legislativo para burlar los derechos de participación ciudadana   –en especial de la comunidad científica–  y de acceso a la justicia en materia medioambiental, ya que el procedimiento legislativo carece de período de información pública y las Leyes no pueden ser recurridas por los ciudadanos. Son derechos reconocidos por el Tratado de Aarhus, suscrito por Europa y por España y, en cumplimiento del mismo, por la legislación europea y española.

Reivindico, además, como si fuera un derecho fundamental, el de negarme a bailar la música que quiera el gobernante de turno al ritmo, al volumen y cuando le convenga.

Santiago Perez

 

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