dom. Mar 24th, 2019

Ultimátum judicial al Ayuntamiento de Valle Gran Rey para que derribe la embotelladora de Taguluche

Taguluche, Valle Gran Rey, La Gomera

Taguluche, Valle Gran Rey, La Gomera

Embotelladora Taguluche| Diario de Avisos

La Justicia tumbó sobre el papel la embotelladora de Taguluche, y ahora insta a que también se haga en la realidad. Los vecinos que en 2009 ganaron de forma definitiva en el Tribunal Supremo el pleito contra la envasadora de agua promovida por el Ayuntamiento de Valle Gran Rey, no cejarán en su empeño de que se restablezca la legalidad, es decir,que se derribe la edificación, construida cuando era alcalde el luego fallecido Esteban Bethencourt (de CC). Ya la Sala Segunda del Tribunal Superior de Justicia de Canarias (TSJC) ordenó la ejecución de la sentencia y dio tres meses de plazo para la demolición, que venció el 22 de agosto pasado.

Ahora, la misma instancia judicial le ha dado un ultimátum con un nuevo requerimiento para que el Consistorio cumpla el fallo judicial y restablezca la realidad física alterada, a los pies del sobrecogedor Lomo del Carreterón, espacio natural protegido con la categoría de Monumento Natural, del que emanan los nacientes que se pretendían expropiar para su explotación como agua embotellada.

Los afectados, aglutinados en torno a la Plataforma en Defensa del Agua de Taguluche, con el apoyo del grupo ecologista ATAN, advirtieron desde el primer momento al Ayuntamiento, al Cabildo gomero y al Gobierno canario de la ilegalidad de este proyecto en suelo rústico protegido que diezmaría los nacientes que mantienen la agricultura del lugar y el paisaje, pero las tres administraciones siguieron adelante con su tramitación y el edificio se construyó. Hasta que el TSJC, primero, y el Supremo, después, tumbaron este proyecto al determinar que carecía del “interés social” que pretendían los organismos públicos para justificar su emplazamiento en ese lugar, y, muy al contrario, la Justicia declaró que el interés general “predominante es el del aprovechamiento de aguas para la subsistencia de la población agrícola que reside en este hermoso y privilegiado paraje de Taguluche”, en palabras de los propios magistrados del Alto Tribunal del Estado en su sentencia del 28 de enero de 2009.

Por ello, porque la Justicia también vio también lo que el centenar de vecinos propietarios de los nacientes, ha sorprendido a la Plataforma y a ATAN la enmienda -rechazada- que Nueva Canarias defendió en el Parlamento canario este martes, pidiendo que los Presupuestos de la Comunidad Autónoma de 2014 aportaran 100.000 euros de los 260.000 que costará el derribo de la construcción.

Para este colectivo vecinal, “lo que tendría que hacer el Ayuntamiento es pedir al Gobierno canario que haga una resolución y mandate a la Agencia de Protección del Medio Urbano y Natural [APMUN] para llevar a cabo el derribo, pues es el organismo encargado de demoler los edificios ilegales, de particulares y los públicos; y aquí paz y en el cielo gloria, porque la sentencia debió ejecutarse ya hace años”.

Desde ATAN, su portavoz, Eustaquio Villalba, tachó ayer de “disparatada” esta enmienda de NC, porque “se trató de un proyecto que desde su gestación se sabía que era ilegal, y ahora hay quien pretende que sean todos los canarios los que corramos con los gastos de la demolición, que en buena lógica debieron asumirla los responsables con su patrimonio porque esta obra fue un empecinamiento del Ayuntamiento de entonces, financiada por el Cabildo y apoyada por el Gobierno autonómico, contra toda evidencia científica, económica y social”.

“Los culpables de esta ruina para las arcas públicas no somos quienes denunciamos el caso, vecinos y ecologistas, sino quienes promovieron este proyecto”, enfatizó Villalba, quien lamentó por ello que al final “acaben pagando la ejecución de la sentencia los vecinos de Valle Gran Rey, tanto los que apoyaban este proyecto como aquellos que se opusieron a él”.

De todos modos, la enmienda de NC no salió adelante en el pleno del Parlamento regional. La propuesta del grupo parlamentario mixto, que lidera Román Rodríguez, consistía en dar de baja 100.000 euros de la partida prevista para la propia APMUN con el concepto de “disciplina urbanística y medioambiental” y transferir ese dinero al Ayuntamiento gomero, al cual el coste de estos trabajos “genera graves problemas financieros” debido a que se trata de “una corporación pequeña”, según rezaba la enmienda de NC. Este diario intentó ayer contactar telefónicamente con el actual alcalde, Miguel Ángel Hernández (de Socialistas por La Gomera), aunque no fue posible conocer su versión.

Las sucesivas sentencias judiciales han supuesto un varapalo para todos los políticos y técnicos que intervinieron en este expediente, dos de los cuales ya han fallecido: Esteban Bethencourt, como alcalde de la corporación que promovió el proyecto, y quien fuera director general de Aguas del Gobierno canario, Gumersino Urquiza, que además era socio de la empresa que elaboró el estudio de impacto ambiental y el propio proyecto de la embotelladora.

La Plataforma y ATAN también incluyen entre los principales actores de esta iniciativa al presidente del Cabildo, el socialista Casimiro Curbelo.

Además, caber recordar que el sucesor de Bethencourt, Ruymán García, tránsfuga de CC apoyado por el PSOE, no retiró el recurso judicial que había presentado el Ayuntamiento contra el fallo inicial del TSJC. También intervinieron en el expediente el gerente del Consejo Insular de Aguas, Julián Horcajada; y el entonces director general de Industria, Alfredo Vigara, que declaró de interés social esta industria en suelo rústico de Taguluche.

VICENTE PÉREZ | Santa Cruz de Tenerife. Diario de Avisos

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